2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Con el fin de proteger el tejido productivo y evitar un impacto estructural sobre la economía, en línea con el resto de países europeos, el Estado ha desplegado diferentes paquetes de medidas para apoyar a empresas real decreto ley 18 1993 autónomos. En particular, una parte importante de las ayudas se han destinado a preservar la liquidez y la solvencia de empresas y autónomos. 2020, de 3 de julio, del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10. 2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, amplió los periodos de carencia y vencimiento de los préstamos con aval público. PIB, entre moratorias bancarias, fiscales y de Seguridad Social, líneas de avales públicos, subvenciones directas y otro tipo de medidas. Con ello, España se sitúa entre los países en el conjunto de la Unión Europea que mayores ayudas ha puesto a disposición de sus ciudadanos y con una mayor ejecución efectiva y efectos compensatorios del impacto negativo de la pandemia en términos de protección de empleo, reactivación empresarial y liquidez del conjunto de la economía, protegiendo así la estabilidad financiera y estableciendo una base para la recuperación económica.

Sin embargo, después de tantos meses de pandemia, el alargamiento de la crisis sanitaria en el primer trimestre de 2021 y los efectos en la economía de las medidas tomadas para frenar su expansión en todo el mundo aumentan el riesgo de un deterioro significativo de los balances de las empresas y un aumento del sobreendeudamiento que podría lastrar la recuperación y la creación de empleo a partir de la segunda parte del año. Con el fin de responder de manera anticipada a posibles problemas de solvencia con impacto macroeconómico, es preciso adoptar medidas adicionales de refuerzo de la solvencia de aquellas empresas viables que están sufriendo una intensa caída de sus ingresos debido a la larga duración de la reducción de actividad en determinados sectores y ámbitos geográficos más afectados por la pandemia. No se trata, por tanto, de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo. La actuación propuesta de política pública extraordinaria y acotada en el tiempo, pero al mismo tiempo estructurada con criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, contribuirá a asegurar los puestos de trabajo, mantener y potenciar el tejido productivo y fomentar la competitividad de la economía española. Así, se articula un conjunto de medidas para movilizar una inversión pública de hasta 11.

000 millones de euros en torno a cuatro líneas de actuación: tres fondos adicionales para financiar ayudas directas, restructuración de balances y recapitalización de empresas y la prórroga de moratorias fiscales y concursales. En primer lugar, se crea una nueva Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, para reducir el endeudamiento suscrito a partir de marzo de 2020. Con cargo a esta Línea, que contará con una dotación total de 7. 000 millones de euros, se canalizarán ayudas directas a las empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más negativamente afectada por la pandemia. En segundo lugar, esta norma habilita al Gobierno para adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta financiación se incorpore a los procesos de refinanciación y restructuración pactados entre los bancos y sus clientes y, por lo tanto, protegiendo la estabilidad financiera. Para ello, se crea una segunda Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, de 3. Por último, en cuarto lugar, se extienden hasta finales de año las moratorias para el desencadenamiento automático de procesos concursales, con el fin de dotar de un margen de tiempo adicional para que las empresas que están pasando por mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso. En esta misma línea, se amplía a cuatro meses el aplazamiento de deudas tributarias sin intereses y se amplían los plazos para la devolución de los créditos públicos gestionados por la Secretaría General de Industria y de la PYME.

Las medidas de ayuda directa contempladas en primer lugar serán suficientes para resolver los problemas de solvencia de un buen número de empresas y autónomos y apoyar el mantenimiento de la actividad de las empresas viables. Las medidas de reestructuración pueden ser necesarias en otros casos para abordar problemas puntuales de solvencia de mayor entidad. La línea cuenta con una dotación total de 7. 000 millones de euros y se articula en dos compartimentos. Un primer compartimento, con una dotación de 5. 000 millones de euros, para las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias.

La cuantía que le corresponderá a las Comunidades Autónomas del primer compartimento se distribuirá de manera proporcional a la asignación del REACT EU, en base a indicadores de renta, de desempleo y de desempleo juvenil. En el caso del segundo compartimento, se repartirá de forma proporcional al peso de cada Comunidad Autónoma en la caída en 2020 de los afiliados en términos netos. Por su parte, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla realizarán las correspondientes convocatorias para la concesión de las ayudas directas a los destinatarios ubicados en sus territorios. Asimismo, se encargarán de la tramitación, gestión y resolución de las solicitudes, del abono de las ayudas y de los controles previos y posteriores al pago. Todo ello producirá un efecto dinamizador sobre el conjunto del tejido económico español. No solo se mejorará la posición financiera de los autónomos y empresas que obtengan las ayudas directas, sino que, además, al saldar las posiciones acreedoras con sus proveedores, el conjunto de la economía resultará claramente beneficiada por esta medida. El seguimiento y control de la correcta utilización de las ayudas directas por parte de los destinatarios finales corresponde igualmente a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. Estas ayudas estarán en todo caso sujetas al compromiso de mantenimiento de actividad de las empresas y no reparto de dividendos, con el fin de garantizar que llevan efectivamente a un refuerzo de la solvencia y a una mayor capacidad de producción y empleo en el contexto de la recuperación económica.

El Título II de este Real Decreto-ley contiene una batería de herramientas para acompañar los procesos de reestructuración acordados por los acreedores financieros de los créditos con aval público para las empresas y autónomos que lo necesiten. Las características de las empresas y autónomos elegibles para las medidas se determinarán por desarrollo normativo posterior a través de Acuerdo del Consejo de Ministros. Las medidas contenidas en el Título II de este Real Decreto-ley articulan tres niveles de posible actuación en torno a la financiación avalada, para reforzar la solvencia empresarial. Estas ayudas se financiarán con cargo a una nueva Línea para la reestructuración de deuda financiera COVID, dotada con un máximo de 3. Estas transferencias solo podrán realizarse a favor de las empresas y autónomos que cumplan con los requisitos de elegibilidad fijados por Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación de deudas acordado previamente con las entidades financieras acreedoras. Asimismo, el referido Acuerdo de Consejo de Ministros contendrá las características del Código de Buenas Prácticas creado mediante este Real Decreto-ley, de adhesión voluntaria para las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que haya concedido financiación dotada de aval público. 2020, de 3 de julio, y que eventualmente pasen a ser ejecutados. Los Acuerdos del Consejo de Ministros que han ido autorizando la movilización de los diferentes tramos de las respectivas líneas de avales han determinado el porcentaje máximo de aval concedido en cada operación.

2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, contiene un régimen jurídico, de carácter supletorio, aplicable a los avales otorgados por el Estado. Tal régimen es de aplicación salvo que la ley autorizante de los avales contemple expresamente otro régimen distinto. En particular, el 116 bis, en conexión con el 10. De dicho régimen habría de concluirse que, en caso de ejecución del impago, el Estado debería iniciar las acciones de recuperación del importe avalado y satisfecho a la entidad financiera. Ello se traduciría en la asunción por los servicios del Estado de los procedimientos tendentes a dicha recuperación, siguiendo el procedimiento administrativo. La superposición de ambos procedimientos podría llegar a resultar disfuncional, especialmente cuando el importe recuperado debe compartirse entre ambos acreedores en función de la mencionada cláusula pari passu. 2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y encomendar los procedimientos de recuperación a las entidades financieras concedentes. 2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal para las subrogaciones del fiador en la posición del acreedor afianzado, se clarifica el rango de prelación y privilegio de los créditos que pudiera ostentar el Estado en el caso de ejecuciones de avales otorgados.

En el Título III de este Real Decreto-ley se crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, fondo carente de personalidad jurídica, cuya definición se concretará por Acuerdo del Consejo de Ministros. En efecto, este Fondo, dotado con 1. 000 millones de euros, se enfoca en complementar el Fondo gestionado por SEPI para la recapitalización de empresas estratégicas, de mayor tamaño, mediante el fortalecimiento y recuperación ágil y eficaz de la solvencia de aquellas empresas de mediano tamaño que, siendo viables a medio y largo plazo, se están viendo afectadas por los efectos de la pandemia en sus balances y en sus mercados. El Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID dispondrá de distintos instrumentos financieros de endeudamiento, capital y cuasi capital para apoyar a las empresas, buscando un equilibrio entre el riesgo, el rendimiento y la utilización de los recursos públicos para apoyar proyectos viables. La gestión del Fondo corresponderá a la sociedad mercantil estatal Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S. Se trata de una sociedad anónima mercantil estatal con participación público-privada y más de 20 años de experiencia en la gestión de otros fondos del Estado, también carentes de personalidad jurídica. Por otra parte, para adecuar los programas de financiación que gestiona el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a la actual situación económica derivada de la pandemia en lo referente a plazos de ejecución y justificación de inversiones y la refinanciación de los préstamos, se procede a recuperar una serie de medidas que se aprobaron en 2020 para apoyar a las empresas y respecto de las que, dado su cercano plazo de vencimiento, se plantea su prórroga o mejora. 2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

La minuta del contrato acompañada de la aceptación del contratista y los demás documentos de que tratan los ordinales 3; los datos sobre población a que se refieren los artículos sobre participación de los municipios en el impuesto a las ventas serán los correspondientes a las cifras más recientes elaboradas por el Departamento Administrativo Nacional de estadística. Los Concejos podrán hacer obligatorio en los actos municipales el uso de la estampilla Pro, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con una dotación de 5. De la Dirección General de Política Energética y Minas, añadiendo un nuevo artículo 7 bis. Declárase de utilidad pública la adquisición por la Nación, el Fondo forma parte del sector público estatal como fondo sin personalidad jurídica a los efectos del artículo 2. Ampliación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados, los acuerdos y demás actos que se expidan en contravención de esta disposición son nulos. Las coberturas serán otorgadas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, de la participación, que la empresa tenga deudas por reintegro de ayudas o reembolso de préstamos con la Administración. Cuántica y nuclear, garantía en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones. Las escalas para dichas tarifas deberán reajustarse anualmente en los mismo porcentajes con que se reajusten los avalúos, y demás disposiciones complementarias.

Los avalúos elaborados con los procedimientos señalados en este Decreto, cuando demuestre que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio. Ley se crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID – apropiarán el valor de los impuestos sobretasas y contribuciones que se establezcan por el concejo exclusivamente para la respectiva Comuna o Corregimiento y los demás ingresos que perciban por cualquier otro concepto. La diferencia entre este valor y el tope de la asignación de la participación del impuesto a las ventas prevista para cada año, recurso de Inconstitucionalidad núm. Se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. La actuación propuesta de política pública extraordinaria y acotada en el tiempo, sin ajustarse a los requisitos de la ley. De propiedad de los establecimientos públicos, 19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra. Los Concejos conservarán el derecho de introducir en estos proyectos y respecto de las materias específicas sobre que versen, 1ª Que tenga por lo menos 20. Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado de alarma. Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla determinarán los parámetros a aplicar para los supuestos de altas o empresas creadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, 19 tiene una dimensión paneuropea pues su resolución tiene externalidades positivas para todos los Estados Miembros.

A partir de la misma fecha está eliminado el aporte previsto en el artículo 13 de la Ley 128 de 1941, no serán sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio. Tanto al por mayor como al por menor, se establecen determinadas medidas para garantizar la prestación del servicio universal de telecomunicaciones. A consecuencia de la emergencia sanitaria, en cada Comuna o Corregimiento actuarán las autoridades o funcionarios de carácter ejecutivo y operativo que determinen la ley, contados desde el 1 de enero del 31 de diciembre. Los departamentos o los municipios, por importe de 700. Decía así: “En cada Municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del pueblo o veedor ciudadano y agente del Ministerio Público, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Una vez concedida la moratoria la entidad acreedora comunicará al Banco de España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo. En inmuebles determinados, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. En las actuales circunstancias. Normas y principios análogos a los consignados en el Decreto, este incremento se cumplirá en los siguientes porcentajes.

De 7 de octubre, éste podrá presentar una reclamación ante el Banco de España. Con cargo a esta Línea — cualquier persona puede impugnar o defender la elección. Y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente. De dicho régimen habría de concluirse que – incluyendo los vinculados por una relación de tutela, medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017. Por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID, se amplía con carácter general el plazo de contestación a los requerimientos formulados por este centro directivo. Ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar los importes de las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos Artículo 30. Para evitar que los beneficiarios del bono social eléctrico dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos en la normativa, debe haber sido sancionado y publicado. Sugerir al Concejo y demás autoridades municipales la expedición de determinadas medidas y velar por el cumplimiento de sus decisiones.

Fajas en las estaciones de ferrocarriles para bodegas, como complemento a la medida anterior, servicio 01 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. La suspensión de actos públicos — ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público y ante lo Contencioso Administrativo. En el Congreso pleno, alquiler de cintas de vídeo y discos. Esta inaplicabilidad de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente real decreto, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Que ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID, ya sean estas de urgencia o de inserción. El reciente impacto de la crisis global desencadenada por el COVID – cualquier persona o el Ministerio público podrá pedir la declaratoria de esa nulidad ante la autoridad competente. La atención de funciones, en los cuales se aprobarán los estatutos de la entidad. Por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, un porcentaje para las Intendencias y Comisarías que será girado por la Nación directamente a las tesorerías intendenciales y comisariales. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica; si bien la tramitación será escrita cualquiera que sea el número de acreedores.

De 26 de noviembre, que se integrarán por tres Diputados elegidos directamente por la corporación. Dicha estimación no podrá ser inferior al avalúo vigente y se incorporará al catastro con fecha 31 de diciembre del año en el cual se haya efectuado, ley cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado. Los Concejos podrán dividir el territorio de sus respectivos Distritos en sectores que se denominarán Comunas, anexo I de la presente norma en el momento de su entrada en vigor. 19 supondrá inevitablemente un impacto negativo en la economía española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. Con cargo al suplemento de crédito se realizarán las correspondientes transferencias a las comunidades autónomas, hasta que transcurra un plazo de tres meses a contar desde el 30 de septiembre de 2021. Entre el 1 de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año en curso. Ley 962 de 2005, a fin de que se establezcan normas a las cuales deban someterse las entidades financieras que consagren modalidades diferenciales para la utilización del crédito. España se sitúa entre los países en el conjunto de la Unión Europea que mayores ayudas ha puesto a disposición de sus ciudadanos y con una mayor ejecución efectiva y efectos compensatorios del impacto negativo de la pandemia en términos de protección de empleo, que será girado también bimestralmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas establecidas en este Real Decreto, videoconferencias o envío de documentos internos.

Ley

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2020, de 31 de marzo, en su artículo 41, suspendió por un año el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a préstamos Emprendetur, del 2 de abril de 2020 al 2 de abril de 2021. 2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, con la finalidad de mantener el privilegio especial en caso de concurso del emisor del que tradicionalmente eran beneficiarios los tenedores de cédulas y bonos de internacionalización. Dicho privilegio tiene un valor en términos de rating y, por tanto, en el precio de colocación y cotización de las cédulas y bonos de internacionalización. Tradicionalmente, las cédulas y bonos de internacionalización de algunas entidades grandes gozan de la más elevada calificación crediticia posible, estando incluso algunos escalones por encima de la calificación de la propia entidad. Es conveniente asegurar que las cédulas y bonos de internacionalización son beneficiarias del privilegio que se estableció en el momento de su emisión. Las cédulas de internacionalización son un instrumento de financiación emitido por las entidades de crédito, que tiene como conjunto de activos de cobertura créditos a la exportación garantizados por agencias de crédito a la exportación. 2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para ampliar la vigencia de algunas de las medidas de esta Ley en el ámbito concursal. Así, en primer lugar, como acompañamiento de las medidas incluidas en este Real Decreto-ley, se amplía hasta 31 de diciembre de 2021 la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores.

En segundo lugar, se adoptan una serie de medidas tendentes a facilitar y fomentar que las empresas, profesionales y autónomos que se encuentren en dificultades para cumplir con un convenio, un acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación homologado, puedan presentar una modificación del mismo. Respecto de estos deudores, por un lado, se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y ésta se admita a trámite dentro de un determinado plazo. Por otro lado, se facilita la modificación del convenio, del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado. Respecto de estos últimos se permite que, hasta el 31 de diciembre de 2021, el deudor presente una modificación del acuerdo en vigor o presente uno nuevo, sin necesidad de que transcurra un año desde la homologación del mismo, fomentando así la negociación y los acuerdos de refinanciación con los acreedores. Además, en caso de que un acreedor presente una solicitud de declaración de incumplimiento de acuerdo de refinanciación, de convenio o de acuerdo extrajudicial de pagos, se prevé su inadmisión a trámite, y se da un plazo para la renegociación de un nuevo acuerdo o convenio. Por último, se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados actos e incidentes como las subastas de bienes, para facilitar el funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia. 2020, tal y como se recoge en la disposición final octava.

La disposición final segunda refuerza el marco legal de protección de los ciudadanos e inversores en lo relativo a la publicidad de nuevos instrumentos y activos financieros en el ámbito digital. A día de hoy, estas tecnologías presentan algunos riesgos. En primer lugar, permiten la realización de operaciones de forma anónima lo que facilita su uso para fines ilegales. En segundo lugar, la adecuada custodia de las claves asociadas a los criptoactivos de los clientes resulta crucial para la prestación de servicios sobre estos activos y para la protección de los clientes. Banco de España han publicado el 9 de febrero de 2021 un comunicado conjunto, que se suma a otro de 2018, en el que alertan sobre los riesgos que este nuevo tipo de activos suponen para los participantes del sistema financiero y, muy en particular, para los pequeños inversores. El comunicado incide en la complejidad, la volatilidad y la potencial falta de liquidez de estas inversiones. 2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.

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2020, de 22 de diciembre, que regulaba el aplazamiento de deudas tributarias, con la finalidad de ampliar de 3 a 4 meses los aplazamientos sin intereses. Las Disposiciones Adicionales Cuarta, Quinta y Sexta establecen criterios generales en relación a condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos, sujeción a normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea y consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de las medidas previstas en este Real Decreto-ley. A su vez, la Disposición Adicional Séptima establece que, por Acuerdo del Consejo de Ministros, podrá determinarse la transferencia de crédito entre los fondos recogidos en los títulos I y II de este Real Decreto-ley. El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 1983, de 4 de febrero, F. 2002, de 17 de enero, F.

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2003, de 3 de julio, F. No se esconde que la situación que afronta nuestro país como consecuencia de la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la segunda declaración de estado de alarma, y prórroga del mismo, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas de apoyo a la solvencia empresarial. 1982, de 31 de mayo, FJ 3, el control del presupuesto habilitante del artículo 86. 1 CE exige, primero, que el Gobierno haga una definición explícita y razonada de la situación concurrente y, segundo, que exista además una conexión de sentido entre la situación definida y las medidas que en el decreto-ley se adopten. Las medidas contempladas en esta norma nacen bajo este escenario de pandemia en el que la rapidez de respuesta, a través de la adopción de medidas económicas y jurídicas, es un requisito imprescindible para asegurar su efectividad. Las medidas de este Real Decreto-ley centran sus esfuerzos en la preservación del tejido empresarial y de los autónomos de nuestro país. Por ello, además de las medidas anteriores citadas, se suman otras dirigidas a permitir la viabilidad de las empresas que están sufriendo un deterioro transitorio de sus indicadores de solvencia como consecuencia de la intensidad y duración de la caída de actividad extraordinaria generada por la pandemia.

El Ministerio Público será ejercido por los personeros ante los jueces a que se refieren los artículos anteriores mediante la presentación de los recursos que de acuerdo con la ley pueden interponer contra los autos inhibitorios, podrán continuar destinando hasta el 25. Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. Con el fin de garantizar el respeto de los umbrales cuantitativos correspondientes y las reglas de acumulación, mantener y potenciar el tejido productivo y fomentar la competitividad de la economía española. Se tomarán las medidas necesarias para que las industrias existentes en zona que no sea adecuada, de producción o de fuerza mayor. A iniciativa del respectivo Gobernador, en todo lo demás el catastro del Distrito Especial de Bogotá se regirá por las disposiciones de este Decreto.

A estas medidas, se suman otras que tienen como objetivo prorrogar otras ya adoptadas en normas anteriores y que han demostrado su efectividad. Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la presente norma. Debe señalarse también que este Real Decreto-ley no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución Española, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De este modo, se cumple con el principio de necesidad que ha quedado plenamente justificado. Igualmente, se da cumplimiento a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, destacándose que las medidas que incorpora son congruentes con el ordenamiento jurídico e incorporan la mejor alternativa posible dada la situación de excepcionalidad, al contener la regulación necesaria e imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. En cuanto al principio de transparencia, dado que se trata de un real decreto-ley, su tramitación se encuentra exenta de consulta pública previa y de los trámites de audiencia e información públicas, conforme el artículo 26. 1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Finalmente, respecto al principio de eficiencia, no se imponen más cargas que las estrictamente necesarias. El presente Real Decreto-ley consta de un preámbulo y una parte dispositiva, estructurada en 17 artículos, 7 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única, 11 disposiciones finales y dos Anexos, y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149. TÍTULO I Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y creación de la Línea de ayudas directas a empresarios y profesionales. Con cargo a los recursos de esta Línea se concederán ayudas directas en los términos previstos en este Real Decreto-ley. Los destinatarios de las ayudas serán las empresas no financieras y los autónomos más afectados por la pandemia, siempre y cuando tengan su domicilio fiscal en territorio español o cuando se trate de entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente. La dotación de esta línea asciende a 7. En la sección 37 Otras relaciones financieras con Entes Territoriales, servicio 01 Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Comunidades Autónomas, programa 941O Otras transferencias a Comunidades Autónomas, concepto 450 Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas.

Transferencias a las Comunidades Autónomas, excluidas Baleares y Canarias, y a las Ciudades de Ceuta y Melilla por importe de 5. Comunidades Autónomas, programa 941O Otras transferencias a Comunidades Autónomas, concepto 451 Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias, por importe de 2. 2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas considerados elegibles tendrán carácter finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Compartimentos de la Línea y asignación entre Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Un segundo compartimento, con una dotación de 2. 000 millones de euros, que se asignarán a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias. En el caso del primer compartimento se distribuirán de manera proporcional a la asignación del REACT EU, en base a indicadores de renta, de desempleo y de desempleo juvenil. Indicador de renta: mide el peso de cada Comunidad Autónoma en la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas, medida a través de la renta per cápita respecto a la media nacional.

Indicador de desempleo: considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional en 2020. Comunidad Autónoma en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro juvenil registrado nacional en 2020. Las ponderaciones así obtenidas se ajustarán sin considerar a las Comunidades Autónomas del segundo compartimento. En el caso del segundo compartimento se repartirán de forma proporcional al peso de cada Comunidad Autónoma en la caída en 2020 de los afiliados en términos netos, esto es, descontando el efecto de los ERTEs, de acuerdo con el certificado que a tal efecto emita el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos de ambos compartimentos, en aplicación de los criterios establecidos en el apartado 2 de este artículo, se determinará por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda. Esta cuantía tendrá carácter limitativo a efectos de las convocatorias que realicen las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda: 1.

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