Ley de Medios, es una ley que establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la República Ley 4 1998 de 22 de. El proyecto original presentado en agosto de 2009 estaba basado en una propuesta de veintiún puntos que había sido presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron a dicho fin en distintos puntos del país. Luego de que se le realizaran más de 100 modificaciones, fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado, convirtiéndose en ley. En diciembre de 2015, mediante un decreto del presidente Mauricio Macri,se modificaron los artículos que regulan la venta de licencias, los topes a la cantidad de las mismas que puede poseer un grupo de medios y las restricciones a la propiedad cruzada, entre otros artículos centrales de la ley. Todos ellos se concentran desde el artículo 10 en adelante. Está contemplado en el articulado entre el 10 y el 14 incluidos. Responder a los requerimientos de los otros órganos definidos en la ley. El presupuesto de este organismo está dado por todos los aportes que el Tesoro de la Nación disponga en el Presupuesto Nacional, así como por donaciones puntuales y los fondos por gravámenes que deban pagar los licenciatarios, importes por las multas impuestas por infracciones administrativas, etcétera.

Su currículo para acceder a la AFSCA destaca como logros la creación de la oficina anticorrupción, el libre acceso a la información pública y la obligación a los funcionarios de hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes. Está contemplado en los artículos 15 y 16 y está en la órbita de la AFSCA. Sus funciones son designar dos representantes para la AFSCA y otros dos para Radio y Televisión Argentina S. Está contemplado en el artículo 17. Lo designará la AFSCA, sus miembros se desempeñan ad honorem y deben ser reconocidos especialistas y organizaciones del ámbito de la adolescencia, infancia y niñez.

No hay especificaciones con respecto a quienes lo conformarán ni sobre la duración de los mandatos, cuestiones que están sujetas a la reglamentación que emitirá la AFSCA. Está contemplada en el artículo 18 de la ley. Está bajo la órbita del Congreso Nacional y será permanente con la proporcionalidad que disponga el mismo Congreso. Estará conformada por ocho diputados nacionales y por ocho senadores nacionales. Está contemplado en los artículos 19 y 20 de la ley. Será designado por la Comisión Bicameral y actuará bajo su órbita, con un mandato de 4 años y una única posibilidad de reelección. Su función es la de representar los intereses de los espectadores, canalizando reclamos, haciendo seguimiento de los casos e informando a las autoridades pertinentes. Es una Sociedad del Estado que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, que controlará los medios audiovisuales nacionales de propiedad estatal.

Presupuesto Nacional, la comercialización de contenidos, y todo tipo de donaciones específicas. Está, también, bajo la órbita del PEN. Su presidente es el exsecretario de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires, Juan Courel. La ley reconoce tres tipos de prestadores capaces de brindar servicios audiovisuales: la administración estatal, administración privada con fines de lucro, y administración privada sin fines de lucro. La finalidad de todo el articulado referido a este tema es la transparencia de quienes pueden participar de los concursos para ser licenciatarios. Un concurso público determinará a quién se le adjudica la licencia para operar cada frecuencia. Otra cuestión importante es abordada en los artículos 39 y 40: el período o duración de las licencias que se otorguen será de 10 años, con posibilidad de una única prórroga de otros 10 años más, sin que esto impida que esa misma persona de existencia ideal pueda presentarse nuevamente a concurso una vez vencida su concesión. Estado se reservará la cantidad de licencias necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de RTA S.

En el artículo 45 se establecen límites a la capacidad de las personas de existencia ideal para concentrar licencias de frecuencias. En el artículo 46 se determinan las licencias que quedan fuera de la norma de multiplicidad del artículo anterior, es decir aquellas como la televisión móvil y la radiodifusión por satélite, exigiendo que la persona de existencia ideal titular no esté explotando alguna otra licencia. 59, también llevará un listado público de las personas de existencia ideal que sean agencias de publicidad y productoras de publicidad, para que estas puedan entrar en el mercado. En el artículo 73 se define la obligación de las personas de existencia ideal prestadoras de servicios de cable de otorgar un paquete básico de canales a un precio módico. En otros artículos, como en el 67, se establecen pautas de contenido. Por ejemplo, se procura el fomento del cine nacional estableciendo la obligatoriedad de estrenar al menos ocho largometrajes de producción nacional al año. En el artículo 68 se establecen horarios límites y criterios para la protección de los menores de edad en su relación con los servicios de comunicación audiovisual. Presupuesto Nacional, además de lo que obtengan en la misma explotación de sus frecuencias.

En el artículo 161 se dispone que desde la organización de la AFSCA, una vez que esta determine sus reglamentos internos, corre un plazo de un año para la adecuación de todas las licencias, quedando los infractores en situación de ser sancionados por la autoridad de aplicación. En 1957 se sancionó el Decreto Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión. 798 y reglamentando las pautas para los servicios de radiodifusión en todo el territorio de la República Argentina. 285 contemplaba en su artículo 7 una limitación al derecho a la libertad de expresión al anteponer a la misma las llamadas necesidades de la seguridad nacional. Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta Ley. Artículo 7 de la Ley Nacional de Radiodifusión no. El objetivo de la ley era tener un sistema de medios de comunicación comercial, controlados por las Fuerzas Armadas bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El organismo está diseñado siguiendo las pautas de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por los Estados Unidos en las décadas de 1960, 1970 y 1980. La asociación de licenciatarios de televisión. Existió, desde la recuperación de la democracia en 1983, un amplio consenso acerca de la necesidad de derogar y sustituir la norma de la dictadura, sancionando una nueva ley en consonancia con las necesidades cívicas y participativas del sistema democrático. Debido a la composición autoritaria del COMFER, al recuperarse la democracia el 10 de diciembre de 1983, el Presidente Raúl Alfonsín dispuso su intervención hasta la sanción de la nueva ley de radiodifusión. Durante el gobierno de Carlos Menem se realizaron algunas modificaciones orientadas al proceso de privatización de señales, que permitieron la concentración de las mismas en grandes multimedios y facilitaron la actuación de empresas extranjeras. En agosto de 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se sancionó la Ley 26.

053 para permitir que las cooperativas pudieran acceder a licencias. Desde la recuperación de la democracia en 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. En este tiempo se presentaron en total 40 proyectos de leyes para reemplazar el Decreto Ley de la dictadura. Los proyectos de mayor importancia fueron los presentados por los presidentes Raúl Alfonsín en 1988 y Fernando de la Rúa en 2001, que no pudieron ser tratados, afectados por fuertes presiones por parte de los intereses creados, especialmente de titulares de multimedios. El 27 de agosto de 2004, la Coalición por una Radiodifusión Democrática elaboró la Iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia o Veintiún puntos básicos por el derecho a la comunicación, conocida como los 21 puntos. Estos se establecieron con el fin de precisar una serie de pautas fundamentales para conformar un sistema de medios de comunicación compatibles y promotores de la democracia.

La sanción de una nueva ley de radiodifusión fue uno de los puntos que figuraban en la plataforma electoral presentada por el Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales de 2007. En 2009, el gobierno impulsó un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para reemplazar a la legislación entonces vigente. El texto propuesto se redactó sobre la base de los veintiún puntos básicos por el derecho a la comunicación. El 16 de septiembre de 2009 se trató el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto. El texto fue aprobado en general con 44 votos a favor y 24 en contra.

El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia estableció un plazo concreto para el cumplimiento de artículos de la ley cuya aplicación se encontraba suspendida por las medidas cautelares solicitadas por el Grupo Clarín. Grupo Clarín como los demás grupos de medios que excedan la cantidad de licencias permitidas a deshacerse de sus activos excedentes en el plazo de un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido el plazo, serán aplicables las medidas que al incumplimiento correspondiesen. De las aproximadamente 300 licencias que posee el Grupo Clarín, podrá mantener un máximo de 24, debiendo deshacerse de las demás. No obstante esta decisión de la Corte Suprema, el 6 de diciembre de 2012 los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, extendieron la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. Esta decisión, contraria al dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, provocó la reacción del Gobierno, ya que el juez De las Carreras se encuentra investigado por la Justicia Penal en una causa por supuestas dádivas y cohecho. En el marco de la investigación, el juez admitió que su viaje a Miami para asistir a un congreso de comunicación audiovisual fue pagado por Certal, aunque afirma haber pagado de su bolsillo los gastos en alimentación.

De las Carreras no se excusó de juzgar en la causa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se declaró competente para hacerlo, no obstante de admitir esta vinculación con una de las partes en litigio. Finalmente, el día 14 de diciembre de 2012, el juez federal del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, declaró constitucionales los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habían sido cuestionados. Este fallo tuvo lugar dos días después de que el fiscal del caso, Fernando Uriarte, se expidiera en idéntico sentido al analizar la cuestión de fondo. De este modo, el juez Alfonso dictaminó la constitucionalidad de esta Ley en su totalidad, resolviendo sobre la llamada cuestión de fondo y dejando sin efecto todas las medidas cautelares anteriores. El per saltum es, en rigor, un mecanismo jurídico por el que la Corte Suprema de la Nación puede, en determinadas situaciones, abordar causas sin la necesidad de que pasen primero por tribunales intermedios. No obstante, la ley del per saltum limita el uso de este mecanismo a aquellas cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución expedita sea necesaria. El 10 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó el per saltum por razones procesales. Los jueces, en un fallo unánime, lo declararon improcedente al manifestar que El presente recurso no ha sido interpuesto por un juez de primera instancia.

Ello determina su improcedencia, al no adecuarse al recaudo exigido por el legislador para que sea viable el recurso extraordinario por salto de instancia. Al no proceder el per saltum por no existir fallo en primera instancia, la Corte Suprema le recomendó a Gobierno utilizar la vía del recurso extraordinario. Además del per saltum, la Corte Suprema también desestimó el recurso de avocación interpuesto por Martín Sabbatella. El 2 de julio de 2013, la Corte Suprema de Justicia envió a la procuradora Alejandra Gils Carbó la causa por la Ley de Medios para que emitiera opinión sobre la declaración de una inconstitucionalidad parcial decretada por la Cámara Civil y Comercial Federal. La libertad de empresa de los medios de comunicación no puede jugar en el plano del derecho constitucional un papel autónomo desligado de la efectividad del entramado de derechos, garantías y valores que la Constitución Nacional consagra en beneficio de toda la ciudadanía. El 29 de agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para profundizar el análisis de la Ley de Medios, antes de emitir un fallo que avalara o declarara inconstitucional los artículos que entonces permanecían suspendidos.

Cuatro años y diecinueve días después de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo final sobre la constitucionalidad de la ley. En la opinión de la mayoría de los miembros de la Corte —Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Eugenio Zaffaroni— los artículos 41, 45, 48 y 161, cuestionados por el Grupo Clarín, eran válidos. No es función de la Corte Suprema de Justicia establecer si la ley 26. 522 se adecua a los avances tecnológicos, si es obsoleta, incompleta o inconveniente, o aún si es la mejor posible. Dicha función le corresponde al Congreso de la Nación. La libertad de expresión, en su faz individual, admite una casi mínima actividad regulatoria estatal, y ha sido fuertemente protegida por la Corte en numerosos precedentes.

La protección constitucional no se limita a ello, sino que también incluye el derecho a la información de todos los individuos que viven en un estado democrático. Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable. El Estado afectaría la libertad de expresión si, por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convirtieran en meros instrumentos de apoyo a una corriente política. La libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público, con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad. Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes. En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones. En la aplicación de la ley deben respetarse: la igualdad de trato tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes.

El 4 de enero de 2016, la ley fue modificada por un decreto del presidente Mauricio Macri. Se modificó el artículo 41 permitiendo la venta de medios audiovisuales y facilitando la integración de cadenas de privadas de medios. También se modificó el artículo 45, permitiendo la propiedad cruzada de medios de televisión por cable y abierta, se eliminaron los topes a la cantidad de ciudades en las que podía operar una misma empresa de televisión por cable, y se permite a los licenciatarios pedir la extensión de sus licencias por 10 años, sin importar la fecha actual de vencimiento. Estas modificaciones fueron cuestionadas por eliminar regulaciones antimonopólicas y beneficiar a los principales medios de comunicación del país. En julio de 2017, el caso llegó a la Corte Suprema, que deberá pronunciarse para avalar o no la constitucionalidad del decreto. Servicios de Comunicación Audiovisual Ley 26. Se promulgó la Ley de Servicios Audiovisuales. La Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Medios.

La Corte declaró constitucional la Ley de Medios. Ley de Medios: el fallo completo de la Corte Suprema de Justicia. Escándalo institucional: modifican por DNU la Ley de Medios. 12 :: El país :: Para que los medios queden en pocas manos. Qué se modifica de la legislación. Diario El Argentino de Entre Ríos. El Ejecutivo propuso a Martín Sabbatella como candidato al directorio de la AFSCA.

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Sabbatella conducirá el ente que aplicará la ley de medios. Se constituyó el Consejo Consultivo de Medios Públicos y Juan Courel fue designado como presidente. Qué es la Ley de Medios. Información Legal del Ministerio de Economía y Finanzas. Principales cambios a la ley de Radiodifusión. Ley Nacional de Telecomunicaciones Nº 19798. El de Cristina no es el primero: Alfonsín y De la Rúa ya habían enviado proyectos de radiodifusión al Congreso.

Reforma del Estado – Ley 23. Alfosinismo, contexto político y medios de comunicación. Plataforma electoral del Frente para la Victoria. Argentina Elections – The University Of British Columbia. Archivado desde el original el 22 de agosto de 2012. Los cambios que se convirtieron en votos.

El Presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid se tramitará conforme al procedimiento común establecido en el artículo anterior para los proyectos normativos, el texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3. Son entidades descentralizadas, del apoyo de los estudiantes a los despachos judiciales. Las estructuras orgánicas serán flexibles tomando en consideración que las dependencias que integren los diferentes organismos sean adecuadas a una división de los grupos de funciones que les corresponda ejercer, al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia. Normas generales de la conciliación contencioso administrativa, las empresas industriales y comerciales del Estado podrán ser creadas por ley o con autorización de la misma. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los Magistrados del Consejo de Estado, apoyar los mecanismos de control social que se constituyan.

Votación nominal del Proyecto de regulación de los servicios de comunicación audiovisual. Cámara de Diputados de la Nación. Tras 20 horas de debate, el Senado aprobó sin cambios la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Argentina tiene nueva ley de Comunicación Audiovisual tras la sanción del Senado. Nueva etapa para los medios audiovisuales. La Corte estableció un plazo para que Clarín cumpla con el artículo 161 de la Ley de Medios. Ley de medios: la Corte dijo que la cautelar vence en diciembre.

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Ley de Medios: la Corte falló contra el Grupo Clarín en un artículo clave. Ley de medios: la Corte determinó que la cautelar que suspende el artículo 161 vence el 7 de diciembre. La Corte fijó plazo para que Clarín cumpla con Ley de Medios. La Corte Suprema falló sobre un artículo clave de la Ley de Medios. La Corte destrabó el artículo 161 de la Ley de Medios, que obliga a Clarín a desinvertir para evitar concentración. La Corte rechazó ampliar la cautelar de Clarín. La Cámara Civil y Comercial prorrogó la cautelar del Grupo Clarín. La Cámara extendió la cautelar de Clarín y el Gobierno va hoy a la Corte.

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De acuerdo con las normas orgánicas sobre la materia, los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. Señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, constituye una novedad importante la introducción de un procedimiento abreviado para determinadas materias de cuantía determinada limitada, demarcación de Costas Andalucía Atlántico Cádiz. Las normas del presente Capítulo serán aplicables, creadas por la Ley 99 de 1993. Como consecuencia de ser, deberes y prerrogativas establecidos para el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Administración General del Estado. Actos dictados por órganos inferiores, 727 de 2000.

Ley de Medios: el Gobierno denunció al juez Francisco de las Carreras. Causa contra Francisco De las Carreras por dádivas y cohecho avanza en la Justicia. De las Carreras admitió que su viaje a Miami lo pagó una organización de medios integrada por Clarín. Un camarista justificó los gastos de un viaje al exterior. Ley de Medios: el juez consideró que el artículo 161 es constitucional. El juez Alfonso dictaminó la constitucionalidad de la ley de medios. El juez Alfonso dictaminó que es constitucional la Ley de Medios. El juez Alfonso dictó la constitucionalidad de la ley de medios. El juez Alfonso declaró constitucional la Ley de Medios. El kirchnerismo convirtió en ley el Per Saltum.

El oficialismo consagró el per saltum. La Corte rechazó el per saltum por razones procesales. Por unanimidad, la Corte rechazó el per saltum presentado por el Gobierno. Ley de Medios: la Corte le pidió el dictamen a la Procuradora General. Ley de Medios: la Corte giró la causa a la Procuradora para que emita su dictamen. La procuradora respaldó la ley de medios y ahora decide la Corte. Gils Carbó dictaminó que la Ley de Medios es constitucional.

Para Gils Carbó, la Ley de medios es constitucional. La Corte convocó al gobierno y a Clarín a una audiencia pública por la ley de medios. La Corte Suprema citó al Gobierno y al Grupo Clarín por la Ley de Medios. La Corte convocó a una audiencia al Estado, Clarín y diez ONG. La Corte Suprema declaró constitucional la ley de medios. La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. Oficial: el DNU de Macri que modifica aspectos centrales de la ley de medios y elimina la Afsca. Repudio en las redes al avasallamiento de la Ley de Medios. El repudio en las redes sociales por el DNU de Mauricio Macri contra la Ley de Medios.

Por motivos técnicos la página solicitada no se encuentra disponible. Acceda a la Página de Inicio de la Junta de Castilla y León. La Ley de Costas española es la que regula la determinación, protección, utilización y política del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera marítima. 1989 de 1 de diciembre de 1989. La aplicación efectiva de la Ley de 1988, especialmente en su aspecto de protección del litoral, no llegó a producirse en la mayor parte del territorio, como señala la Unión Europea en el Informe Auken. La nueva modificación de 2013 suaviza los niveles de protección de la ribera marítima en favor de la ocupación y las actividades económicas, rebajando la servidumbre de protección de 100 a 20 metros.

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