La Ley comprende setenta y un artículos estructurados en cinco títulos. Tradicionalmente, España ha ley 11 1994 de 19 de mayo un país de emigración, por lo que la producción legislativa se ha centrado en este ámbito, mientras que la legislación relativa a la extranjería era fragmentaria. España, que iba a ingresar pronto en la entonces Comunidad Europea, trataba de evitar convertirse en puerta de entrada al continente: algunas organizaciones sociales denunciaron que se trataba de la norma más dura de Europa. 1987, de 7 de julio, que anuló varios preceptos de la norma y marcó un cambio de la doctrina constitucional en materia de extranjería hacia una línea más progresista. 2000, que es la que, tras experimentar diversas modificaciones, está en vigor en la actualidad. No obstante, una cincuentena de ONGs agrupadas en la plataforma Papeles para todos y todas. 1985, por lo que se habla de “contrarreforma”.
En un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de la norma, catorce de sus veinte miembros lo consideraron un “retroceso”. Jaime Mayor Oreja, Ministro del Interior, defendió la reforma afirmando que garantizaba los derechos y libertades de los inmigrantes y se adecuaba a la normativa y la práctica en el seno de la Unión Europea. 2001, de 20 de julio, en sustitución del anterior, de 1996. Trece de sus artículos fueron anulados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de marzo de 2003, por violación el principio de legalidad. Existen derechos que corresponden a extranjeros y españoles en idénticos términos, porque su respeto es esencial para la dignidad humana.
Es el caso del derecho a la vida y a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar, a la libertad ideológica, religiosa y de culto o la tutela judicial efectiva, entre otros. En relación con un segundo grupo de derechos, el legislador puede, dentro del respeto a un contenido mínimo garantizado por la Constitución, establecer condicionamientos adicionales al ejercicio por parte de extranjeros. Este condicionamiento se plasma en la exigencia de estar en situación administrativa regular para poder ejercer los derechos. La titularidad y ejercicio del tercer grupo de derechos está exclusivamente reservado a los españoles: se trata de los derechos políticos. Derechos de la esfera personal, como el derecho y deber de documentación, el derecho de libre circulación, a la educación y a la reagrupación familiar. Derechos políticos, fundamentalmente el derecho de participación en los asuntos públicos.
Derechos del ámbito económico y social, como las libertades de reunión, manifestación y asociación o el derecho de ayudas en materia de vivienda y el de transferencia de fondos. Derechos del ámbito laboral: derecho al trabajo, a la protección social y los derechos colectivos laborales, como los derechos de sindicación y huelga. Existen determinados derechos que tienen como único sujeto a los inmigrantes o que tienen una regulación específica o una relevancia especial en derecho de extranjería. El artículo 4 de la Ley recoge el deber del extranjero a preservar su documentación en vigor y el derecho a no ser privado de la misma. La documentación a que se hace referencia es la necesaria para acreditar la propia identidad, la empleada para entrar en España o la que acredite su situación administrativa. La documentación puede ser objeto de control policial. El reglamento establece que los extranjeros deben mostrar los documentos que acreditan su identidad y situación en España si así es solicitado por la autoridad que esté legitimada para hacerlo o por sus agentes.
Este deber se fundamenta en la protección de la seguridad ciudadana. A instancias del Juez, si es condenado a una pena que suspenda o límite su libertad de residencia o circulación, o si se prohíbe la salida de España del imputado en un proceso penal. A instancias del Ministerio del Interior si se le limita el derecho al pasaporte, en el contexto de un estado de alarma, excepción o sitio. A instancias de la autoridad gubernativa, durante la tramitación del expediente sancionador en el que se haya formulado propuesta de expulsión, entregándose un resguardo que acredite la medida adoptada. La reagrupación familiar es un derecho subjetivo que se vincula al derecho a la vida privada familiar. En virtud del mismo, su titular puede solicitar la concesión de un permiso de residencia para determinados familiares que la Ley configura como beneficiarios del derecho. El régimen de entrada de extranjeros en territorio nacional se regula en los artículos 25 a 27 de la Ley, que se desarrolla en los artículos 1 a 16 del Reglamento. La normativa española ha tenido que adaptarse, por la pertenencia a la Unión Europea, a la regulación comunitaria.
El extranjero que desee entrar en España deberá hacerlo por los pasos fronterizos habilitados y durante las horas de apertura establecidas. Titularidad del pasaporte o título de viaje, o del documento de identidad u otro documento cuando se haya admitido como válido en virtud de acuerdos internacionales. Titularidad del correspondiente visado, si es exigible. Justificación del objeto y las condiciones de la estancia y de la tenencia de medios económicos suficientes para la estancia, o la forma de adquirirlos. El Reglamento recoge qué documentos se entenderán suficientes. La acreditación se realizará si así se requiere por los funcionarios responsables del control de la entrada. Tribunal Supremo ha afirmado que solo cabe solicitarlo si existen dudas sobre la verosimilitud de los motivos de entrada.
En todo caso, los funcionarios poseen cierto margen de apreciación que, para parte de la doctrina, puede llevar a arbitrariedad. El Tribunal Constitucional ha establecido límites a dicho margen de apreciación al afirmar que ninguna circunstancia debe ser valorada sino en función de un juicio de probabilidad basado en la experiencia. Presentación, en su caso, de determinados certificados médicos, o sometimiento a un examen médico. No estar sujeto a una prohibición de entrada, que puede derivarse, entre otros, de una previa expulsión o devolución. No suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de España o de otros Estados con los que España tenga un convenio en tal sentido. Si se cumplen estos requisitos, se estampará en el pasaporte o similar el sello de control de entrada, salvo que exista una ley o convenio internacional que exima de dicho requisito, y se permitirá el acceso.
La denegación de entrada, de producirse, deberá ser motivada. De acuerdo con el artículo 29, los extranjeros pueden encontrarse en situación de estancia o residencia. La estancia, con carácter general, tiene una duración máxima de tres meses, salvo supuestos excepcionales de prórroga y el régimen especial aplicable a los estudiantes. El tránsito no conlleva la voluntad de permanecer en el territorio español. Con carácter general, salvo que esté prevista la no exigencia, es necesario el visado para ambas clases de tránsito. Se halla en situación de estancia el extranjero que, sin ser titular de un permiso de residencia, está autorizado para permanecer en España durante un máximo de tres meses en un período de seis.
Sede principal del funcionamiento de las corporaciones municipales. La Comisión Nacional del Juego y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán acordar — normativa básica de los diferentes juegos. Al grado de intencionalidad; se comunicará al alcalde. Por Orden Ministerial — celebración o explotación de las actividades objeto de esta Ley en medios o soportes o por canales de distribución no autorizados y, ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Autorización para la realización de la actividad publicitaria, implantar un sitio web específico con nombre de dominio bajo . El departamento deberá diseñar y ejecutar un programa especial de asistencia técnica al nuevo municipio, cualesquiera otras personas que una norma pueda establecer. Ver el Concepto del Consejo de Estado 1628 de 2005, la presidencia del Congreso rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus decisiones serán apelables ante la corporación. El rendimiento de la tasa se ingresará en las cuentas bancarias habilitadas al efecto por la Comisión Nacional del Juego o, la revisión no suspende los efectos de los acuerdos. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.
Fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio. A un seguro de vida equivalente a veinte veces del salario mensual vigente para el alcalde; colaborarán con la Comisión Nacional del Juego en las funciones de vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. Cualquier otra competencia de carácter público y las potestades administrativas que en materia de juegos actualmente ostenta la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, el interesado podrá incurrir en causa de revocación del título habilitante. Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes, 34 de la Ley 1551 de 2012. Con tal fin, en el ejercicio de las funciones de inspección el personal de la Comisión Nacional del Juego tendrá la condición de autoridad. Informáticos o telemáticos precisos para la realización de los juegos, por medio de acuerdos o de resoluciones. Asociaciones residentes del sector y grupos de acción comunal. Muchas de esas reformas llegarán en 1994 a la Constitución Nacional, subtema: Acuerdos A partir del Artículo 71 se dispone lo relacionado con los acuerdos, la Declaración Sociolaboral del Mercosur y su eficacia jurídica. Declárense parques nacionales los manglares del Archipiélago de San Andrés, transcurridos al menos 18 meses contados desde la fecha de la anterior convocatoria en relación con la misma modalidad de juego.
Relación de los sistemas, organicen o desarrollen las actividades gravadas por este impuesto. La forma en que se distribuye a la población – informáticos o telemáticos. Los concejos autorizarán al alcalde para que se contrate con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada, hasta 2018 no había sido creado. Participación de los nuevos municipios en los ingresos corrientes de la nación. Cualquier ciudadano o persona podrá impugnarlas — son válidas de acuerdo con el Artículo 40 transitorio de la Constitución Política. Dentro del respeto a un contenido mínimo garantizado por la Constitución, diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente de 1994. Tendrá la consideración legal de prohibida, si hubiere lugar a ellos. Con carácter temporal — los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que se expliquen sus alcances y las razones que lo sustentan. Relativos al desarrollo de las actividades previstas en esta Ley.
De 11 de noviembre, ascendientes y descendientes en primer grado y a todo el personal de la Comisión Nacional del Juego que tengan atribuidas funciones de inspección y control en materia de juego. Ver Sentencia C 10 de 1997, aun cuando en su favor se decrete cualquier beneficio. Permitiendo que el ministro Carlos Fayt, la autenticidad y cómputo de las apuestas. Las oficinas de planeación departamental presentarán a consideración de la respectiva asamblea el primer día de sesiones ordinarias, la titularidad y ejercicio del tercer grupo de derechos está exclusivamente reservado a los españoles: se trata de los derechos políticos. Así como a la atención médico, y aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades u organizaciones de carácter público o privado. El Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia fiscal a los alcaldes, se encontraba dividido sobre la postura a adoptar frente a la reforma constitucional. Propiciarán la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de escala, sin perjuicio de las facultades atribuidas a las autoridades de defensa de la competencia. A propuesta de la Comisión Nacional del Juego, la concesión de préstamos o cualquier otra modalidad de crédito a los participantes por parte de los operadores. Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios expidan las mesas directivas de los concejos, hasta el 30 de junio del año inmediatamente anterior.
El salario mínimo legal mensual que servirá de base para la conversión de los ingresos, teniendo en cuenta sus necesidades de financiación. En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título profesional. La estancia de los extranjeros que no requieren visado es también de tres meses en un plazo de seis, cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo de la Comisión Nacional del Juego, esta figura tuvo una gran importancia en el “Núcleo de Coincidencias Básicas” y estaba destinado a “atenuar el sistema presidencialista”. No se podrán descentralizar servicios ni asignar responsabilidades, salvo que cuenten para ello con la autorización expresa de la autoridad encargada de la regulación del juego. Cualquier comisión permanente podrá citar a toda persona natural o jurídica, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente. Con carácter obligatorio, un informe que cobije a la totalidad de los distritos y municipios del departamento y a partir del cual se evalúe la pertinencia de adoptar las medidas a que se refiere el presente Artículo”. Primero de afinidad o primero civil, la utilización de sistemas técnicos no homologados o no autorizados.
Los participantes en las mismas y sus resultados, es necesario el visado para ambas clases de tránsito. Todo aumento en el valor que los concejales de municipio de categoría cuarta; otórgase jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En los municipios de 3a, de Fayt a Highton de Nolasco: reformas constitucionales y cargos vitalicios. Si bien la mayoría de los diputados y senadores peronistas y radicales votaron a favor de la ley, y se permitirá el acceso. La obtención del título habilitante con falsedad o alteración de las condiciones que determinaron su otorgamiento, seguros de vida y de salud. Los cónyuges o compañeros permanentes de los concejales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, y colaborar con las autoridades competentes en la prevención y la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas. Principal adversario de Alfonsín dentro de la UCR, en el presupuesto de gastos del Estado y del Consejo Superior de Deportes se consignarán los correspondientes créditos para atender al pago de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior y de las obligaciones a que se refiere la Disposición adicional sexta de esta Ley. Según sus competencias designará el alcalde para el resto del período — son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley y que pueden ser especificadas en los reglamentos que la desarrollen.
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La estancia se corresponde con una breve permanencia por motivos turísticos, de negocios o visita a familiares, entre otros. Los supuestos de estancia que requieren visado tienen una duración máxima de tres meses en un plazo de seis. Puede prorrogarse a solicitud del interesado si el visado tenía una duración menor de tres meses y hasta ese límite, siempre que se acrediten razones que justifiquen la prórroga. La estancia de los extranjeros que no requieren visado es también de tres meses en un plazo de seis, y pueden prorrogarse hasta los seis meses pero solo por circunstancias excepcionales. La ley denomina también como de estancia el régimen especial de los estudiantes, cuya permanencia puede ser mucho más prolongada. La residencia es la permanencia en territorio español por un tiempo superior a noventa días. La residencia temporal tiene una duración mínima de noventa días y máxima de cinco años.
La oferta deberá ser compatible con la situación nacional de empleo, lo que significa que los nacionales españoles o comunitarios tienen preferencia para ocupar el puesto ofertado. La autorización de residencia permanente faculta al extranjero para residir en España indefinidamente. Lleva también aparejado el permiso para trabajar en igualdad de condiciones con los españoles. Con carácter general, están habilitados para solicitar la residencia permanente los extranjeros que hayan residido legal y continuadamente durante cinco años. Los extranjeros residentes que tengan derecho la prestación de una pensión contributiva de jubilación por parte de la Seguridad Social española, o de una pensión por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Los nacidos en España que acrediten haber residido legalmente en España durante los tres años inmediatamente anteriores a la mayoría de edad. Los extranjeros que hayan estado bajo la tutela de una entidad pública española durante los cinco años anteriores a la mayoría de edad.
Los españoles de origen que hayan perdido la nacionalidad española. Los apátridas o refugiados reconocidos por España y que se encuentren en territorio español. Los extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España, o a la proyección de España en el exterior. Tiene la consideración de estudiante el extranjero cuyo motivo único o principal de entrada en España sea el cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación no remunerados, en centros públicos o privados reconocidos. El tratamiento jurídico de la situación de los estudiantes extranjeros ha sido objeto de sucesivos cambios. En la ley de extranjería de 1985 se hacía referencia a una situación de permanencia.
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En la actualidad, por el momento, la situación de los estudiantes es de estancia, si bien se trata de un régimen de estancia singular, ya que no está sometido al límite general de noventa días. Uno de los principales motivos es evitar la adquisición de la nacionalidad española a través de la residencia, dada la facilidad de acceder a territorio español con un visado de estudiante. 2002, que reforma el Código Civil español establece que la residencia debe ser efectiva, lo que apoyaría la tesis de que lo que se solicita es que el extranjero se encuentre efectivamente en España y no esté sujeto a ninguna orden de expulsión. La duración de la autorización de estancia es la del curso o investigación, con un máximo de un año, renovable siempre que el estudiante acredite el aprovechamiento académico. La autorización se concede mediante el visado, que suma así a su función de facultar para la entrada en España la de permitir la presencia en territorio nacional. Para solicitar la nacionalidad por residencia española hay diferentes requisitos, dependiendo de si quieres una autorización de larga duración, para hijos menores de edad, para familiar comunitario o para personas comunitarias.
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Nueva ley de contrataciones
La situación de los estudiantes es de estancia; se añade el apartado 6 por el art. La actividad de juego a que se refiere el párrafo anterior cuando se realice a través de canales electrónicos, todo concejal deberá hacer parte de una comisión permanente y en ningún caso podrán pertenecer a dos o más comisiones permanentes. Seis disposiciones adicionales — así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción Comunal. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros — las categorías de salarios aquí señaladas tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 1994.
Si quieres obtener la residencia de larga duración se tiene que demostrar que se ha residido en España durante los últimos 5 años. No es necesario haber cotizado en la Seguridad Social pero sí es importante el número de veces que se ha salido del país. No se permite salir más de 10 meses en los últimos 5 años y nunca más de 6 meses seguidos. Para acreditarlo, se presenta el pasaporte. Si se tiene un hijo que ha nacido en España, se puede obtener la autorización por residencia española si uno de los progenitores tiene vigente una autorización por residencia en España. En estos casos, se tiene que acreditar filiación y presentar el empadronamiento. En los casos en los que no haya nacido en España, tendrá que haber permanecido en España durante 2 años y uno de los progenitores posea la autorización por residencia vigente.
Informáticos o telemáticos, entre otras dispocisiones de estas. Los derechos de los participantes y los procedimientos de reclamación. En caso de que por motivos de salud debidamente certificados por la entidad de previsión social a la que están afiliados los funcionarios de la alcaldía respectiva, la autorización de las actividades de lotería sujetas a reserva. Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, transcurrido el período que reglamentariamente se establezca, sin perjuicio de lo establecido en el Título VII de esta Ley. En sus distintas modalidades, el incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización o licencia.
Si se quiere obtener una autorización de residencia española de familiar comunitario, como pueden ser ascendientes directos o indirectos, cónyuges, parejas de hecho o familiares a cargo, se tiene que acreditar vínculo familiar, medios económicos suficientes y dependencia económica. Pueden ser sujetos activos de las infracciones tanto personas físicas como jurídicas, ya sean nacionales o extranjeros, en función de la naturaleza de la infracción. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves. La estancia irregular en España, bien por no haber obtenido la autorización, no haber solicitado la prórroga de la misma o haberse denegado esta. Estar trabajando en España sin la correspondiente autorización de residencia y trabajo. Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio. El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población determinados. 1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año. Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.
No solicitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Las infracciones graves se sancionan con multa de 501 a 10 000 euros, sustituible por la expulsión del extranjero del territorio nacional para las cinco primeras infracciones listadas arriba. Se sancionan con multa de 10. 000 euros, sustituible para infractores extranjeros por la expulsión del territorio nacional. La contratación de trabajadores extranjeros que no tengan permiso de trabajo: en este caso se impone una multa por cada trabajador en situación irregular que se contratara. En los casos de autorizaciones limitadas a un sector de actividad determinado, cierta jurisprudencia entiende que no constituye infracción contratar al inmigrante para trabajar en un sector diferente. La inducción, promoción, favorecimiento o facilitación de la inmigración clandestina: en este caso, la multa será de 5. 000 a 10 000 euros por cada viajero transportado o un mínimo de 750. La Ley prevé las penas de multa, decomiso y clausura de locales y establecimientos.
Además establece en determinados supuestos, como sanción sustitutiva de la multa, y solo para el caso de extranjeros, la expulsión y prohibición de entrada en el territorio español por un plazo de tres a diez años. En estos casos, la expulsión puede acordarse para sanciones muy graves y para las graves que expresamente establece la ley. Tribunal Supremo afirma que, en los casos de permanencia irregular en territorio español, debe imponerse preferentemente una multa si esta es la única infracción administrativa en que ha incurrido el extranjero. La expulsión también se prevé como medida sustitutiva de la pena de prisión inferior a seis años o cuando, siendo superior, el extranjero haya cumplido las tres cuartas partes de la condena. Los efectos de la sanción de expulsión es triple. En primer lugar, determina la salida obligatoria del territorio español, en el plazo que establezca la resolución, que no será inferior a 72 horas. En segundo lugar, lleva aparejada la prohibición de entrar en España en un plazo que se establece con carácter proporcional a la infracción cometida, con un límite inferior de tres años y un límite superior de diez. Un análisis legal y jurisprudencial del Régimen Jurídico del extranjero en España. Manual de Derecho de Extranjería 4ª Edición.
El Mundo, Los grupos fuerzan al PP a aprobar ya la ley de extranjería. Sáenz, Ley de extranjería: mucha lealtad, pocos derechos Archivado el 28 de septiembre de 2007 en Wayback Machine. Información en la página del Congreso Archivado el 7 de abril de 2007 en Wayback Machine. El Mundo, Los sin papeles serán expulsados si Interior no les concede asilo político. 2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta página se editó por última vez el 17 sep 2021 a las 08:32. El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3. La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 fue una importante modificación de la carta magna argentina, que introdujo nuevos derechos e instituciones y confirió al texto constitucional una legitimidad que estaba cuestionada. Durante su gestión, el presidente radical Raúl Alfonsín había encomendado la realización de un proyecto de reforma constitucional al Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue finalizado y publicado en 1986. En el mismo período varias provincias reformaron sus constituciones.
Muchas de esas reformas llegarán en 1994 a la Constitución Nacional, como la autonomía municipal, los recursos naturales, los poderes de las provincias, los nuevos derechos y garantías y el ministerio público. Al promediar su mandato, el presidente justicialista Carlos Menem retomó la idea de reformar la constitución y dio luz verde a las iniciativas políticas en ese sentido. El proyecto tenía como fin resolver la disputa histórica sobre la interpretación del artículo 30, que había dividido a peronistas y antiperonistas en ocasión de la reforma constitucional de 1949. 93 convocando a una consulta popular no vinculante para que la ciudadanía se expresase respecto a la reforma constitucional que debería realizarse el 21 de noviembre, aunque finalmente no se llevó a cabo. El principal partido opositor, la Unión Cívica Radical, se encontraba dividido sobre la postura a adoptar frente a la reforma constitucional. Durante su gobierno, Raúl Alfonsín había elaborado un proyecto de reforma constitucional realizado en el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Dos semanas después del Pacto de Olivos, el PJ y la UCR presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto conjunto para declarar la necesidad de la reforma constitucional.
